Propuestas para Mejorar la Ley de Enjuiciamiento Penal en la Investigación de Delitos contra los Animales
En octubre de 2020, el Ministerio de Justicia abrió una consulta pública la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Penal (LECrim). Como entidad comprometida con la protección de los animales, desde la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales y la Biodiversidad (APDA) hemos presentado cinco propuestas clave para mejorar la eficacia de las investigaciones relacionadas con los delitos contra los animales.
Nuestra experiencia directa nos ha permitido identificar carencias importantes y obstáculos prácticos que enfrentan los servicios públicos al investigar este tipo de casos. Estas son las medidas que consideramos imprescindibles:
1. Traslado de diligencias al Ministerio Fiscal
Proponemos que los delitos contra los animales y el medio ambiente se incluyan entre los casos en los que es obligatorio remitir las diligencias al Ministerio Fiscal, incluso cuando el autor del delito sea desconocido. Esto permitiría a las fiscales recopilar datos, elaborar estadísticas y ordenar investigaciones específicas que reflejen la magnitud de estos problemas.
Casos especialmente graves , como los envenenamientos de animales domésticos en parques públicos , deben contar con un traslado obligatorio de las diligencias debido a sus connotaciones sociales , el temor que generan entre los ciudadanos y el riesgo de que puedan dar lugar a un cúmulo de delitos o tentativas , que pasarían desapercibidos para la fiscalía si no recibiera información.
2. Incorporación de nuevas técnicas de investigación
Es crucial que la normativa contemple:
- La intervención obligatoria de un veterinario cuando se encuentren animales heridos.
- La aplicación de técnicas como la lectura del microchip, necropsias y análisis de ADN en casos que involucren cadáveres de animales. Estas medidas facilitarían la identificación y el esclarecimiento de las causas de muerte.
3. Creación de la figura del veterinario público forense
Proponemos habilitar a veterinarios públicos forenses para certificar el estado de los animales desde el inicio de las investigaciones. Este profesional será responsable de evaluar daños, realizar análisis de muestras biológicas y emitir informes esenciales para los procedimientos judiciales. Actualmente, esta figura no está regulada, a pesar de su demanda por parte de administraciones y cuerpos policiales.
4. Protección de los animales decomisados
Es fundamental que los animales decomisados reciban un trato diferente al de los objetos incautados. Proponemos que se aplique un enfoque que priorice su bienestar, evitando que sean olvidados en procedimientos largos o, peor aún, devueltos a quienes los maltrataron.
5. Reconocimiento de los animales como objeto de delito
La LECrim considera como «objeto del delito» únicamente a las personas y los bienes, dejando fuera a los animales. Este vacío normativo dificulta su protección y visibilización en los procedimientos judiciales. Proponemos que los animales sean reconocidos expresamente, lo que tendría implicaciones significativas en la investigación y tratamiento de estos delitos.
Desde la APDA, seguimos trabajando para que estas reformas sean escuchadas y aplicadas, convencidos de que mejorar la normativa es un paso esencial hacia una protección más efectiva de los animales y el medio ambiente.